TEGUCIGALPA. — En un giro inesperado hacia la transparencia administrativa, el Comité Central del Partido Nacional anunció hoy la implementación del “Protocolo de Auditoría de Lealtad Prepagada”, exigiendo una revisión exhaustiva de cada sufragio para cotejarlo con las listas de beneficiarios de bonos, láminas de zinc y transferencias de Tigo Money realizadas durante la campaña. Según la dirigencia, el objetivo no es alterar el resultado electoral, sino identificar con precisión quirúrgica en qué colonias la inversión de recursos no generó el retorno de votos proyectado en los cuadros de Excel.
“La democracia tiene un costo, y nosotros pagamos ese costo por adelantado el fin de semana pasado”, declaró María Antonieta Mejía, mientras sostenía una factura de tres mil tamales entregados en la colonia El Carrizal. “No es justo que hablemos de transparencia si el ciudadano agarra la bolsa solidaria con una mano y marca la casilla del otro partido con la otra. Queremos contar voto por voto para saber a quiénes borrar de la lista de Navidad y a quiénes cobrarles el reintegro de los 50 lempiras de la recarga”, sentenció con tono de gerente de cobros.
La tensión se trasladó rápidamente a las bases, donde punteros políticos en la colonia Kennedy y la Nueva Capital ya comenzaron a visitar casas con las actas en mano. El incidente más grave se reportó en un centro de votación de Comayagüela, donde un activista intentó impugnar una urna completa tras descubrir que, a pesar de haber regalado cuarenta pollos chuco la noche anterior, en la mesa solo aparecieron tres marcas bajo la estrella solitaria, una de las cuales, para colmo, era un dibujo obsceno.
